Una traducción al francés de este texto ha sido publicada simultáneamente en este blog.
El jueves 19 de marzo a las 21hs, cuando en Argentina se registraban apenas 128 casos de contagios de COVID-19, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el territorio argentino, como medida para evitar la propagación del Coronavirus.
Casi en simultáneo al anuncio del ASPO, y consciente de la complejidad y diversidad de este escenario, el gobierno nacional instruyó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, otros organismos de ciencia y técnica y universidades nacionales, para que, en tiempo récord, pusieran en marcha un plan de relevamiento nacional destinado a conocer el impacto social del confinamiento en los barrios populares del país. En Argentina, los niveles de desigualdad social son altísimos, característica que se comparte con casi todos los países de la región, y que se agravó en los últimos cuatro años como correlato de las políticas neoliberales del saliente gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que empeoraron las condiciones de vida de los sectores populares. Actualmente en el país existen más de cuatro mil barrios populares, conocidos como “villas” o “asentamientos” que cuentan con condiciones habitacionales y de infraestructura precarias, de hacinamiento, y con un déficit en el acceso a los servicios básicos.
Así, entre los días 23 y 25 de marzo, se estableció contacto con más de 1500 referentes territoriales (líderes comunitarios, religiosos, indígenas o responsables de organizaciones barriales) quienes actuaron como informantes clave para dar a conocer la situación de sus barrios y comunidades. Para llevar a cabo dicho relevamiento de datos, la recientemente creada Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19 (MINCYT-CONICET-AGENCIA) diseñó una estrategia metodológica basada en la realización de entrevistas telefónicas a estos referentes territoriales llevadas a cabo por investigadores/as, becarios/as y trabajadores/as del sistema científico y universitario nacional, quienes ya disponían de contactos previamente establecidos con estos actores comunitarios y barriales, fruto de sus investigaciones y/o de su experiencia en proyectos de extensión universitaria. Luego, más de 500 investigadores/as, becarias y becarios vinculados al área de las ciencias sociales participaron de la tarea de sistematización de datos y de la redacción de un informe sobre la heterogénea situación de todas las provincias. En nuestro caso, participamos de cada una de estas distintas etapas, trabajando con los datos de diversas regiones. El informe completo, que estuvo listo para el 29 de marzo y fue utilizado como insumo por las autoridades nacionales para pensar las nuevas políticas a implementar, se publicó a mediados del mes de abril.
El relevamiento, permitió visibilizar una serie de dificultades que experimentan quienes viven en barrios populares para cumplir con la consigna #QuedateEnCasa con la que el Gobierno buscó promover la necesidad del confinamiento. En términos generales, la principal problemática advertida tiene que ver con la caída abrupta de ingresos de las poblaciones relevadas, a causa del aislamiento. Como la gran mayoría vive del trabajo informal y precario, la cuarentena supuso la pérdida del ingreso diario para el sostén familiar. “Si no salgo a trabajar, no como”, era la frase más escuchada por los referentes barriales. Como consecuencia más urgente de esto, pudimos relevar la escasez de alimentos, la dificultad para adquirir medicamentos, y productos de higiene y limpieza.
En segundo lugar, otra de las principales dificultades que tienen los sectores populares para sostener la medida de aislamiento es el déficit habitacional. Las condiciones habitacionales son de extrema vulnerabilidad con viviendas precarias, de chapa o madera, pisos de tierra, sin baños al interior, en condiciones de hacinamiento. Al mismo tiempo hemos relevado problemáticas estructurales de infraestructura y de acceso a servicios en los barrios: falta de sistemas cloacales, deficientes condiciones de conexión eléctrica, altos niveles de contaminación ambiental derivados de la falta de recolección de residuos, dificultades para la obtención de garrafas de gas para cocinar y, como principal problema, la falta de acceso al agua potable en un contexto en el que (junto con el distanciamiento social) sostener rigurosos rituales de higiene, y lavarse las manos con agua y jabón, se vuelve la única “vacuna” para detener el avance del Co-Vid 19. En consecuencia, estas condiciones habitacionales deficientes, junto a las dificultades económicas derivadas de la cuarentena, dificultan el confinamiento en el hogar a la vez que empeoran las condiciones de salubridad en los barrios populares.
Finalmente, se registraron otro conjunto de problemáticas que tienen que ver, por un lado, con la dificultad para continuar tratamientos médicos para personas con enfermedades pre-existentes, ya que sistema de salud se reorientó casi exclusivamente a enfrentar un posible colapso sanitario por el Coronavirus. Por otro lado, se registraron crecientes niveles de violencia producto de tensiones intrafamiliares (agravadas por las condiciones de confinamiento y hacinamiento). En particular se ha percibido que mientras otros delitos decrecieron, los casos de violencia con motivos de género al interior de los hogares se mantuvieron estables o se incrementaron. Se constataron, además, dificultades para la continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes de sectores populares. La suspensión de clases en todos los niveles trajo aparejadas la emergencia de iniciativas de educación digital que, pese al esfuerzo de docentes, estudiantes y a las interesantes propuestas puestas en marcha desde el Ministerio de Educación, resultan cada vez más difíciles de sostener en un contexto de profundas desigualdades digitales. Por último, emergió una problemática en relación a la actuación de las fuerzas de seguridad en los barrios: la compleja situación impulsó, por un lado, una mayor demanda de presencia policial en las calles, pero por otro, detectamos una exigencia de mayor control democrático ante situaciones de abuso por parte de las fuerzas de seguridad.
Dicho esto, es importante destacar que, incluso frente a este escenario adverso, hemos constatado también que la gran mayoría de los vecinos y vecinas de barrios populares presentaba un grado de cumplimiento de la cuarentena relativamente alto. En todos los casos el número de incumplimientos señalado por los propios referentes barriales era escaso. Esto muestra que, a pesar de las dificultades mencionadas, la población de estos barrios está haciendo un gran esfuerzo, con responsabilidad, para cumplir con las medidas de aislamiento dispuestas. Al mismo tiempo, se evidencia que son las redes organizacionales preexistentes en el territorio las que permiten acceder a los recursos necesarios básicos para poder sostener el aislamiento. En estas redes se entraman habitantes, organizaciones barriales y las propias universidades a través de programas de extensión, entre otros actores. Es a través de ellas que se facilita el acceso al agua potable, a productos de higiene y limpieza, a barbijos o incluso a un plato de comida. La mayor parte de las familias, de hecho, logra cubrir esta necesidad gracias a los alimentos que ofrecen “ollas” y comedores barriales, organizados y sostenidos por los propios habitantes de los barrios.
Como resultado inmediato de este diagnóstico, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 por mes (el equivalente aproximado a unos 125 euros) para todas aquellas personas que tienen trabajos informales o que no cuentan con un sueldo mensual fijo. Alrededor de 8 millones de personas solicitaron el IFE, lo que pone en evidencia la gran cantidad de argentinos y argentinas que se encontraban (y se siguen encontrando) en la más absoluta informalidad, por las características de sus trabajos fruto de una problemática laboral estructural en el país que se ha agravado en los últimos años a partir de políticas de flexibilización laboral.
En el momento en que escribimos este texto, mediados de junio de 2020, después de casi tres meses de cuarentena, podemos decir que los resultados de las medidas han sido parcialmente positivos: aún no se ha alcanzado el pico de casos, lo que ha dado tiempo a preparar el sistema de salud y evitar un colapso sanitario, tal y como está ocurriendo, por el contrario, en otros países de la región como Chile, Bolivia o Brasil (donde ya se han registrado más de un millón de infecciones). De hecho, la mayor parte de nuestro país tiene actualmente un bajo nivel de transmisión del virus, lo que ha permitido liberar la cuarentena en casi todo el territorio nacional.
Sin embargo, la situación es diferente en la Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que concentra más del 35% de la población total del país (aproximadamente 15 millones de habitantes) en una superficie de 3 millones de kilómetros cuadrados. Más del 95% de esos casos se concentra en esta zona, donde además se encuentra el mayor número de barrios populares. En esta región, el número de casos positivos registrados en las últimas semanas es angustiante: más de 2.000 casos por día, lo que hace difícil prever si el sistema de salud será capaz de contener la emergencia.
En Argentina, según datos del PISAC, un programa de investigación social a escala nacional llevado adelante a partir del año 2012[1], más del 25% de las viviendas presenta problemas materiales, sanitarios y de hacinamiento. En ese marco el #QuedateEnCasa no es igual para todos y todas. En los sectores más vulnerables, “el barrio” gana centralidad por encima de las viviendas individuales, en gran parte por las características de las propias viviendas que dificultan el confinamiento en el hogar. Y el barrio es también el espacio en el que se asientan y traman esas redes cotidianas que permiten garantizar la subsistencia en el contexto de aislamiento. Si la pandemia actualizó y agravó las desigualdades estructurales que nos atraviesan como sociedad, la tarea del Estado es fortalecer esas redes preexistentes, con la participación activa de los vecinos y vecinas de los barrios populares. Después de más de 100 días de cuarentena, resulta evidente que este es el camino más rápido y eficaz para que el Estado llegue a estas familias y se puedan mitigar (en parte) las desigualdades sociales en este contexto.
Soledad Balerdi, Paula Cuestas y Julia Hang, sociólogas y docentes de la Universidad Nacional de La Plata.
[1] Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea.